En Colombia, habituados al excesivo afán de legislar y regular todo tipo de conductas, el impuesto de industria y comercio llegó para hacer más compleja la tributación de las empresas que realizan ventas de bienes o prestación de servicios en todo el territorio nacional.

Es que si bien, los impuestos nacionales son complejos de entender para los ciudadanos del común, el impuesto de industria y comercio es una nación independiente para cada municipio.

Los impuestos de industria y comercio surgieron con una razón loable de brindar recursos directamente relacionados con la explotación su mercado y ejercicio de actividades de comercio en el territorio del municipio; y en cierta medida brindando la posibilidad de hacerse atractivos para la inversión a través fijación de sus tasas y tarifas; pero han sido las mismas entidades territoriales las que se han encargado de frustrar la tributación en sus territorios, desdibujando las finalidades del tributo a través de la regulación excesiva y con un afán desmedido por incrementar el presupuesto de sus municipios.

Regulaciones que no tienen pie en un mundo digitalizado y globalizado en el que se deben implementar otras estrategias de recaudo.

En ese sentido, si una empresa presta sus servicios o vende sus productos en más de un municipio, deberá estudiar cada normativa, que si bien en muchos de los casos es un replica de otros estatutos tributarios, trae casos particulares que hacen de su aplicación un verdadero dolor de cabeza.

A lo anterior se le suma la falta de experiencia de los funcionarios en muchos municipios, que con pocos recursos adelantan las actuaciones de forma irregular, expidiendo, por ejemplo resoluciones, en las que se exigen medios magnéticos que el acuerdo municipal no trae a colación.

Del mismo modo, hay municipios que han basado su recaudo en la fiscalización excesiva, y es que a través de resoluciones exigiendo medios magnéticos del contribuyente a nivel nacional, imponen sanciones que dan lugar a pagos superiores al impuesto a cargo, toda vez que, pretenden que se tenga en cuenta como base para liquidar la sanción los ingresos en general de las empresas a nivel nacional y no los locales; lo cual es un contra sentido de la regulación tributaria municipal.

Todas estas situaciones hacen que la aplicación y efectivización de los impuestos municipales no llegue a su destino, dado el caos que esto implica, por lo que surge y se hace vital, una necesidad de establecer reglas claras nacionales, un único formato y página web que centralice los municipios y que sea un órgano independiente el que distribuya los impuestos según el lugar de causación, realice la fiscalización y en general, vigile la adopción correcta de las medidas de tributación. En todo caso debería ser electivo para el contribuyente pertenecer o no a un régimen nacional de industria y comercio o seguir tributando en cada territorio.

El Régimen Simple De Tributación parecía que solucionaba en cierta medida el problema, aunque sometido a un monto máximo de ingresos. Pero ahora que lo quieren eliminar, deberían revisarse las consecuencias con respecto al impuesto de industria y comercio, y proponer un régimen especial y nacional para aquellas empresas que tienen presencia en un número significativo de municipios, que en la realidad del mercado actual cada día pueden llegar a ser más.